Por Maritza Triay
Mtra. en Derecho. Asesora de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputaciones. Sria. Técnica de la «Declaración sobre derechos político- electorales de la población LGBTTTIQ+ en el continente americano» y Sria. de Acción Jurídica y Transparencia del Movimiento Arcoíris por México.
Se ha dado por hecho que todas las personas podemos acceder en igualdad de circunstancias a nuestros derechos político-electorales, es decir; a votar, a ser votades, a asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte en asuntos políticos, a participar y militar libremente en partidos políticos y a formar parte de autoridades electorales. Sin embargo, para algunas personas esto se convierte en un verdadero reto casi imposible de sortear cuando se enfrentan a una discriminación institucionalizada, como es el caso de las poblaciones sexo diversas.
Muchas veces, cuando he hablado de lo difícil que es ejercer estos derechos si se tiene una orientación sexual o una identidad de género diferente a aquella que la norma social considera aceptable, me refieren respuestas del tipo: “Pero es que nadie les niega el voto por ser gay o lesbianas”, “Pero es que nadie les prohíbe postularse a cargos de elección si son trans o gays”; pero “sutilmente” se nos niega el derecho de participación político-electoral y esa es una de las razones por las que las cuotas arcoíris revisten un papel fundamental a la hora de reivindicar los derechos de nuestra población.
La Constitución Política mexicana es muy clara al establecer en su artículo primero que a nadie se nos puede discriminar por ningún motivo, ni por acción ni por omisión, y que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, el garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Pero una cosa es lo que diga la constitución y otra muy distinta es lo que se hace en la práctica, cuando una persona con una identidad o expresión de género distinta a la de su credencial para votar acude a una casilla y se le niega el derecho al voto porque el documento “no coincide” y se le quiere obligar, en el caso de las mujeres trans por ejemplo, a “quitarse la peluca y el vestido” para que se les deje votar o, cuando una persona abiertamente LGBTTTIQA+ se postula para un cargo de elección popular y no es votada porque la sociedad no quiere que una persona “desviada” o que “no es normal” decida por todes, porque se nos considera minorías y en el concepto de democracia mayormente referido, las mayorías deciden por las minorías.
Es por ello que, lo que quienes pretenden negarnos nuestros derechos no entienden, es que una democracia que no es inclusiva no es democracia, y que los derechos humanos no pueden ser objeto de limitación por parte de las mayorías; los derechos humanos se reconocen y se garantizan. Pero más allá de eso, la población LGBTTTIQA+ no somos una minoría, por fin pudimos alzar la voz, estadísticamente hablando, y a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos contamos y resultó que somos cinco millones de personas mexicanas (aunque estoy segura de que somos muchas más), o sea 1 de cada 20 personas, lo que en materia de representación significa que, si tomamos por ejemplo la Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión, donde existen 500 personas diputadas, y el 5% de la población es LGBTTTIQA+, deberíamos tener como mínimo 25 espacios.
Con lo anterior, nos damos cuenta de que somos una población sub representada actualmente en ese mismo espacio legislativo, al menos de manera abierta y por cuota, tenemos una diputada trans, quien ha presentado iniciativas en beneficio de la población, ha impulsado los temas urgentes, pero es una contra la resistencia de toda una Cámara.
Las consecuencias de esta sub representación, es que de las aproximadamente 80 iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputaciones en materia de diversidad sexual, todas se encuentran detenidas, las pocas que lograron transitar en las comisiones dictaminadoras, como es el caso de derechos de personas trans en reclusión, declaración del día nacional contra los discursos de odio y prohibición de los «Esfuerzos para Corregir, suprimir o reprimir la Orientación sexual y la Identidad/expresión de Género» (ECOSIG o «terapias» de conversión), fueron detenidas en el Pleno; permanecen ahí congeladas sin que se sometan a votación y puedan concluir su trámite legislativo, simplemente porque les legisladores consideran que existen temas «más urgentes» que tratar, o que son más fáciles de consensuar entre todos los grupos parlamentarios.
Las cuotas arcoíris son necesarias y urgentes, porque solo las personas integrantes de nuestra población pueden entender lo que es el tener que abandonar la escuela porque te corrieron de tu casa cuando se enteraron de tu orientación sexual o identidad de género no normativa y que el tener un techo y comida se volvió más importante que concluir tus estudios, y que al no concluir tu preparación académica, se te hizo más complicado conseguir un trabajo digno como lo marca la constitución y que por supuesto, sin ese trabajo no pudiste acceder a una vivienda digna o que al salir a la calle alguien se dejó llevar por todos los dicursos de odio que escuchó incluso de representantes populares y decidió “corregirte” con una golpiza.
Además, mientras se nos siga tratando como minoría y se nos de la consesión graciosa de que esas “mayorías” sean quiénes propogan y atiendan nuestros temas, se sigue mandando el mensaje a la sociedad de que no somos “normales” y que no tendríamos porqué estar ahí. Este es el momento de normalizar lo que es normal, de que las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales y hagan lo que les toca para revertir los efectos de esa discriminación histórica hacia nuestra población y que se nos garanticen los espacios que por derecho nos corresponden.
FIN.
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