Por Wendy Briceño Zuloaga
Maestra en Estudios de Género, Procesos Políticos y Transformaciones Culturales por El Colmex. Ha sido servidora pública en ámbito federal y municipal. Como Diputada Federal presidió la Comisión de Igualdad de Género (2018-2021); fue reelecta. Actualmente es Secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Sonora.
Hay un cambio generacional en México que parece allanar el camino para que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ avancen cada día más en visibilización, representación, no discriminación y en políticas públicas destinadas a esta población.
Para generar políticas públicas ha sido sumamente importante para México contar con un instrumento que nos permita tener un panorama claro sobre la comunidad LGBTIQ+, y esto ha sido posible gracias al INEGI, quien ha promovido e implementado la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG).
Según dicha encuesta, realizada entre 2021 y 2022, de cada 20 personas, una se identifica como Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans y más (LGBTQ+). Esto significa que 5 millones de personas se identifican como LGBTIQ+, es decir, el 5.1 por ciento de la población de México.
Tener este panorama permite poner en el centro de la discusión la justicia social y la participación de voces que han estado históricamente en los márgenes de las políticas públicas y la toma de decisiones. Se necesitan políticas públicas y normatividad que profundicen la interseccionalidad, porque, aunque el Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que se prohíbe la discriminación por preferencia sexual, el 30 por ciento de la población entrevistada manifestó haber sufrido algún tipo de discriminación laboral, lo cual nos indica que existe una brecha representativa entre lo formal y lo material.
Como prioridad, el ejercicio universal de derechos, pero para llegar a ello tenemos que empezar por reconocer diversas desigualdades, que se han traducido en violencias diversas, luchas constantes contra una narrativa desde la heteronorma patriarcal y en desprotecciones, derechos vulnerados.
Procurar la justicia social desde la interseccionalidad permite observar dónde se ubican las violencias y las discriminaciones vividas por las poblaciones diversas, disidencias sexuales y más.
Además, no podemos hablar de interseccionalidad y del reconocimiento de las desigualdades y violencias si no atraviesan las decisiones presupuestales.
Hablar de representación con agendas claras, transversales y visibles, tiene el propósito de impactar en el diseño de políticas públicas, en la creación de programas y en la implementación de acciones que reflejen esta agenda de derechos y justicia social.
En Sonora, desde la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual soy titular, nos hemos comprometido con esta visión.
Abrimos mesas de trabajo y diálogo con personas LGBTTTIQ+, llevando un seguimiento puntual con minutas y acuerdos, y centramos la propuesta en atender un tema históricamente invisibilizado, la precarización económica por la discriminación que existe y afecta en diversas formas.
Así, diseñamos el programa Yo Genero Inclusión para fortalecer la autonomía económica, mediante el otorgamiento de insumos, asesoría y acompañamiento para creación o consolidación de iniciativas productivas a personas Trans y de la comunidad LGBTIQ+ que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad laboral y económica”.
Antes del inicio de esta gestión hubo un compromiso con la comunidad de diversidad sexogenérica, que se reflejó en el Eje III del Plan Estatal de Desarrollo, referente a la “Igualdad Efectiva de Derechos”, donde se contempla la estrategia de “Consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y revalorización de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados y marginados”.
Además, el programa Cuidar a Quienes Cuidan, que apoya con remuneración las labores de cuidados a familiares, ha incluido, a la par de condiciones de neuro divergencia, discapacidad o cáncer, a personas con VIH, como una forma de actuar desde esta interseccionalidad.
Si bien es cierto que promover la representación LGBTIQ+ en espacios de decisión puede potenciar la creación de políticas públicas a favor de la población, tenemos que lidiar con un reto subyacente en las élites de poder social o partidista: la violencia política en razón de género, que encuentra en nuestra comunidad un blanco de violencias, discriminación, descrédito, campañas negras que llenan de abrojos y piedras el camino hacia las urnas.
A la par de estos grupos conservadores y reaccionarios, existe una nueva generación para la cual el que las actoras y los y les actores políticos se asuman LGBTIQ+ no desincentiva el voto. Así debemos insistir en el reto de fortalecer la legislación contra las violencias y estigmatizaciones, el aparato judicial para hacer válida esta legislación, y el avance de una sociedad hacia la progresividad de todos los derechos. Es por eso que, “todos los derechos para todas las personas”, no es un simple lema sino es un recordatorio no solo para quien lo dice, sino para quien lo escucha.
FIN.
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