Queridas y queridos lectores, son pocas las veces que podemos ser testigos de sucesos históricos que brindan una oportunidad importante para avanzar en la agenda de derechos de grupos que a lo largo del tiempo han sido discriminados, como lo son, la comunidad de la diversidad sexual y de género.
Permítanme contarles esta historia que habla de la primera vez que Yucatán legisla en favor de la comunidad LGBTI+, aprobando leyes en contra de las «terapias» de conversión y reconociendo el matrimonio igualitario. Tuvieron que pasar 479 años (desde su fundación, hasta el día de hoy) para que la sociedad y legisladores peninsulares reconocieran algunos de los tantos derechos que les son negados a ciudadanas y ciudadanos simplemente por amar o por ser.
El 24 de agosto de 2021 fue cuando el «Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán» (grupo feminista de académicas y activistas unidas por los derechos humanos) sostuvo una reunión clave que trazó el rumbo de esta historia, incidiendo con los Diputados Felipe Cervera (promotor de la ley en contra de las “terapias” de conversión), Luis Borjas, Milagros Romero y Silvia López Escoffie (últimas dos, promotoras de la ley de matrimonio igualitario) para pasar a la Orden del Día del día siguiente, los temas LGBTI+.
La academia también hace activismo, la lucha por los derechos humanos es compartida, si los derechos de las mujeres no avanzan, los derechos de la comunidad LGBTI+ tampoco; esta iniciativa nos demuestra que no necesitamos ser la causa para defenderla, por supuesto siempre acompañadas de organizaciones LGBTI+ como Yaaj México.
– Dra. Rocío Quintal, integrante del «Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán».
El componente importante de esta historia es cómo una sociedad representada por mujeres heterosexuales que son voces reconocidas de la academia, han dado cátedra de un activismo interseccional y con mirada transversal. Este logro es la materialización de esa utopía en la que la sociedad, sin importar que sea parte de la comunidad LGBTI+, se involucra en la defensa por nuestros derechos convirtiéndose así en el ejemplo social a seguir.
Entre lágrimas, gritos de felicidad y esperanza, diversas colectivas, organizaciones y ciudadanos, se hicieron presentes en el recinto legislativo para transformar una Mérida blanca a una llena de colores.
Y de repente, entre las celebraciones, en el ambiente resonaba un «¡DIJO QUE SÍ!». El impacto de esta ley tuvo sus efectos de manera inmediata, pues la plaza de este Honorable Congreso presenció la primera pedida de mano, tras la aprobación del matrimonio igualitario.
Para poder cerrar esta historia, es importante señalar que existen diversos retos aún por cruzar, como por ejemplo que estas legislaciones sean ratificadas por el Gobernador del estado, Mauricio Vila, para su publicación en el Diario Oficial de Yucatán, las modificaciones pertinentes al Código de Familia de la entidad (en las que sugerimos se realicen a través de mandato administrativo por parte del Ejecutivo, en lugar de pasar por el legislativo) y el plan de acción para prevenir el delito por ECOSIG («Esfuerzos para Corregir, suprimir o reprimir, la Orientación Sexual o Identidad/expresión de género») – «terapias» de conversión.
En medio de uno de los mayores retos sanitarios que la humanidad jamás haya experimentado, avanzar en estos temas se vuelve fundamental para que parejas como Pao y Ale puedan acceder a sus derechos como familia y decidir sobre la vida de su ser amado sin temor de que el odio les arrebate ese derecho. Las instituciones y organismos autónomos tienen un papel importante que jugar para que esto suceda, así como la sociedad y colectivas.
Diversos esfuerzos previos han abonaron a la aprobación de estas leyes; como los amparos por parte de las organizaciones “UNASSE A.C.”, “Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, el “Colectivo PTF Yuc” y “Artículo 19”; que conllevaron a que el 18 de agosto del presente año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que las anteriores dos votaciones secretas realizadas por el Congreso de Yucatán en materia de matrimonio igualitario, eran inconstitucionales; determinando que: “Los congresos del país deberán legislar bajo parámetros democráticos y de transparencia».
